Weyerhaeuser
está entre ellas.
Imagen
referencial. Foto: Búsqueda.
Por Mauro Florentín
Prohibir que las sociedades anónimas (SA) sean
propietarias de tierras fue uno de los lineamientos del primer gobierno
frenteamplista (2005-2010). Con ese objetivo, en 2007, la administración del
presidente Tabaré Vázquez promulgó la ley 18.092 sobre la titularidad del
derecho de propiedad de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias.
En una década de vigencia de esa normativa, poco más de
90 empresas que operan bajo distintas figuras jurídicas, principalmente
sociedades anónimas, recibieron la autorización del Poder Ejecutivo para ser
propietarias de inmuebles rurales que en total comprenden unas 5,7 millones de
hectáreas, según datos oficiales recabados por Campo. Esa extensión equivale a
la suma de las tierras agropecuarias de los departamentos de Tacuarembó, Salto,
Paysandú, Durazno y San José.
El decreto reglamentario de esa norma legal estableció el
régimen de excepciones al cumplimiento de la obligatoriedad de identificar a
los propietarios de las explotaciones agropecuarias.
Las empresas interesadas en obtener el visto bueno del
gobierno debieron seguir un procedimiento que empieza con la presentación de la
solicitud correspondiente en la comisión asesora del Poder Ejecutivo, que está
integrada por representantes de los Ministerios de Ganadería y de Economía.
En el caso de las sociedades en comandita por acciones y
las sociedades anónimas, sucursales de entidades del exterior, fideicomisos y
fondos de inversión, cuyo capital social esté representado por títulos al
portador, o por cuotas o títulos nominativos no incluidos en las disposiciones
precedentes, serán exceptuadas cuando la actividad que desarrollen encuadre en
un proyecto que sea considerado prioritario para el desarrollo productivo del
país, según dispone ese decreto.
La norma indica que la empresa deberá presentar además un
plan de producción y manejo responsable y sustentable de los recursos naturales
y de protección del medioambiente. Algunos aspectos que tendrá “especialmente
en cuenta” la comisión se refieren a la creación de nuevas fuentes de trabajo
en el medio rural, el fomento de la pequeña empresa familiar y la obtención de
productos comercializables a escala internacional, así como que propendan a la
erradicación de la pobreza en el campo. Valorará también la incorporación de
tecnología, el aumento del valor agregado, el desarrollo de nuevas cadenas
productivas y la promoción de la descentralización territorial.
Ese permiso del gobierno fue solicitado por empresas que
requerían hacerlo, pero que también lo hacían porque consideraban que favorecía
la gestión de otros trámites en organismos públicos y la imagen de las
compañías al cumplir con la reglamentación legal, comentaron a Campo fuentes
oficiales.
En
el listado
Entre las empresas que figuran en los registros oficiales
con mayor extensión de tierras autorizadas por el gobierno se encuentran Union
Agriculture Group (UAG) con unas 320.000 hectáreas, Stora Enso con 308.000
hectáreas, Agronegocios del Plata con 156.994 hectáreas, Guanaré (Forestal
Atlántico Sur) con 111.800 hectáreas, Forestal Oriental (UPM) con 115.709
hectáreas, y de ese mismo grupo figura la subsidiaria Uruwood con 115.000
hectáreas y Eufores, una empresa adquirida en 2009 por el joint venture
conformado por Arauco y Stora Enso, que tiene 369.000 hectáreas.
Otras firmas autorizadas fueron Forestal Cono Sur con
83.600 hectáreas, Colonvade con 72.000 y la agrícola argentina MSU (Manuel
Santos Uribelarrea) con 22.264 hectáreas.
En el caso de UAG figuran varias sociedades anónimas como
Boisy, Rafilur, Madalux, Nogatir y Vadolmar, con unas 65.000 hectáreas en
conjunto.
Otras autorizaciones fueron concedidas a la minera
Aratirí (9.000 hectáreas), Del Carmen y Santa Margarita, de la familia
argentina Pérez Companc, con 24.911 hectáreas, distribuidas en los
departamentos de Río Negro, Soriano y Tacuarembó.
El capital accionario nominativo de esas sociedades
anónimas pertenece a Hudson Investment Holding, constituido en las Islas
Caimán, según consta en la autorización otorgada por los Ministerios de
Ganadería y Economía en 2011.
Otras firmas exceptuadas fueron la semillera Hinkely con
4.688 hectáreas y la danesa Ingleby, que cuenta con algo más de 25.000
hectáreas destinadas a la producción de granos y carne, entre otros productos,
y que opera en diferentes países.
Un grupo de sociedades de la empresa Calyx Agro, creada
por la compañía Louis Dreyfus, entre otros accionistas, figura en los registros
con 62.964 hectáreas, al igual que Forestal Atlántico Sur con 55.000 hectáreas,
Frigorífico Modelo con 24.674 hectáreas, Ginker con 68.148 hectáreas y
Adecoagro, que tiene al magnate George Soros entre sus accionistas, con 42.000
hectáreas.
El grupo de empresas que son propiedad del inversor
argentino Alejandro Bulgheroni recibieron las autorizaciones correspondientes:
Nuevo Manantial y Estancias del Lago con 26.400 hectáreas, Agroland con 1.674
hectáreas y Gamorel con 567 hectáreas. Esos emprendimientos comprenden la
producción de energía eólica, un megatambo, aceite de oliva, vinos, forestación
y arándanos.
En el listado figuran además la estatal Alcoholes del
Uruguay, que recibió aprobación del Ejecutivo para ser propietaria de un total
de 11.440 hectáreas y la Sociedad de Padres Salesianos con 4.930 hectáreas.
RMK Timberland, un fondo de inversión forestal originario
de Georgia, Estados Unidos, obtuvo autorizaciones para las sociedades con las
que opera en Uruguay: Taurión con 24.797 hectáreas, Monte Fresnos con 4.500
hectáreas y Ponte Tresa con 1.293 hectáreas.
Una de las primeras autorizaciones a ser exceptuada de la
ley en cuestión fue la empresa forestal estadounidense Weyerhaeuser, que en los
registros oficiales figura con 31.433 hectáreas. Otras sociedades vinculadas al
mismo grupo inversor fueron exceptuadas: Los Piques con 11.000 hectáreas y
Vandora con 4.967 hectáreas.
La
excepción y la regla
La ley 18.092 fue promulgada en enero de 2007 y el
decreto reglamentario fue publicado en junio de ese año. Dos meses después de
entrar en vigencia ese marco legal, en agosto, ejecutivos de Weyerhaeuser
alertaron al gobierno sobre la dificultad que generaba esa normativa para que
pueda continuar operando en Uruguay.
En una reunión realizada por esos días entre los
ministros de Economía, Danilo Astori, de Ganadería, José Mujica, y de
Industria, Jorge Lepra, con directivos de esa empresa norteamericana, el Poder
Ejecutivo comunicó que sería incluida entre las excepciones a la ley,
considerando que cotiza en bolsas de valores de reconocido prestigio, como son
las de Nueva Yoork y Canadá.
De acuerdo con esa norma legal, el gobierno podrá
disponer que tanto la titularidad de inmuebles rurales, así como de
explotaciones agropecuarias, sea ejercida por sociedades anónimas o por
sociedades en comandita por acciones, en ambos casos con capital accionario
representado por acciones al portador, cuando el número de accionistas o la
índole de la empresa impida que el capital accionario estuviera representado por
acciones nominativas pertenecientes a personas físicas.
La autorización del Ejecutivo indicará los inmuebles
rurales concretos que comprende, y deberá volverse a solicitar cada vez que se
aumente la superficie de tenencia o se sustituyan los inmuebles, dispone.
En 2017 siguen en trámite las solicitudes de empresas,
sociedades anónimas y fideicomisos que esperan la autorización del gobierno
para ser titulares de inmuebles rurales adquiridos en años recientes.
Es el caso de la firma Fort Blue SA, que pertenece a un
fondo de inversión de Alemania que compró campos en Paysandú con una extensión
de 3.270 hectáreas a un precio promedio de U$S 7.000 la hectárea, lo que
representa unos U$S 23 millones de inversión en los predios de explotación
agropecuaria, dijeron a Campo fuentes oficiales. Agregaron que esa empresa
germana adquirió esas tierras a la empresa Cereales del Río Negro.
El fideicomiso Tierras Irrigadas de la empresa Bearing
Agro, que captó U$S 50 millones mediante una emisión de certificados de participación
en 2016, solicitó autorización para ser titular de varios padrones adquiridos
en el departamento de Soriano, que suman unas 1.730 hectáreas.
En 2016 la comisión biministerial encargada del análisis
de los pedidos de autorización de las empresas para ser titulares de inmuebles
rurales dio el visto bueno a las solicitudes de la firma International Cannabis
Corporation (Iccorp) y Tersum SA, que se dedicará a la producción de cannabis
para varios usos en Uruguay.
Esos permisos comprenden la explotación de un predio
cedido por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis a Iccorp en la
ciudad de Libertad, en el departamento de San José, y de cuatro fracciones de
campo ubicadas en el paraje Piedra del Toro, departamento de Canelones, que
pertenecen a Tersum.
Fuente: Búsqueda.
