Intervención
de la diputada del Partido Colorado por Tacuarembó, Susana Montaner.
Diputada
Susana Montaner. Foto: José Morales Brum.
Señor presidente, después de haber escuchado al miembro
informante es muy poco lo que se puede agregar, salvo comunicar la posición de
la bancada del Partido Colorado.
Es obvio que vamos a apoyar calurosamente este proyecto
de ley, no solo porque lo compartimos, sino porque en el programa de gobierno
que presentamos a la ciudadanía en 2014 hay un capítulo expresamente dedicado a
desarrollar una nueva política nacional en materia de salud mental. Una de sus
partes dice: "Promover la mejor calidad de vida a los enfermos mentales,
educación a sus familias y contención del grupo familiar". Asimismo, como
objetivos se fijaban: "Procurar la disminución de pacientes
institucionalizados en las Colonias y mejorar la calidad de atención y vida de
los mismos. Educar a las familias", como bien dijo el diputado
preopinante, "de los pacientes con patología psiquiátrica crónica y severa
para una convivencia de calidad para el núcleo familiar. Desarrollar un sistema
de atención de enfermos psiquiátricos en crisis ya que no hay estructuras de
contención para estas situaciones. Avanzar en alternativas que permitan
extender la asistencia a los pacientes psiquiátricos después de los 30 días de
internación".
Y algo similar encontramos en la propuesta que en su
momento presentó el Frente Amplio, en la que se establece como área prioritaria
la salud mental.
En nuestra propuesta se hizo mucho énfasis en la
afectación de los trastornos mentales severos y recurrentes, las problemáticas
de violencia y muerte violenta, y el consumo problemático de sustancias y las
adicciones.
La Ley Nº 9.581, que era para otro tiempo, tal como aquí
se dijo, quedará derogada. Evidentemente, cumplió su ciclo porque ya no es la
adecuada para los tiempos en que vivimos.
Con esta ley estamos haciendo lo más importante, pero
debemos tener en cuenta que no es mágica, porque no alcanza solamente con su
aprobación. A veces, en Uruguay creemos que aprobando una ley ya está todo
pronto pero, lamentablemente, no es así; eso es solo el comienzo. En realidad,
aprobamos la ley, festejamos y avanzamos, pero no debemos olvidar aunque a veces lo hacemos que ese es el comienzo de algo, nunca el
final. Lo más importante es lo que viene al día siguiente, es decir cómo la
vamos a aplicar, cómo la vamos a llevar a tierra por decirlo de alguna manera y cómo vamos a hacer para cumplir lo que está
previsto en ella, porque de lo contrario solo nos llenamos de leyes y nos
olvidamos de hacerlas cumplir.
Lo más atractivo que tiene este proyecto de ley como me señalaban mis asesores es el Capítulo V, ya que establece un gran
cambio en el abordaje. Se trata de un abordaje que busca integrar a la persona
que padece esos trastornos a la familia y a la sociedad.
De todos modos, pienso que este proyecto de ley podría
profundizar más en la capacitación de las familias. En el tercer inciso del artículo
16 se expresa: "En el proceso asistencial se integrarán los recursos
comunitarios y se procurará la participación de familiares de las personas con
trastorno mental".
El artículo 17 refiere al reforzamiento y la restitución
de los lazos sociales. Esos familiares necesitan asistencia, tienen que saber
cómo encarar la situación y no siempre lo saben.
También queremos referirnos al tema del contralor. La
existencia de un contralor adecuado va a tener mucho que ver con el éxito de
las normas, porque si aprobamos normas y después no hay un contralor adecuado
de su cumplimiento, realmente estaremos en problemas.
Se crea un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud
Pública y todos sabemos que, según el derecho administrativo, los órganos
tienen distintos niveles de desconcentración; se puede llegar hasta un servicio
descentralizado, pero hay órganos desconcentrados con mayor dependencia. Aquí
no se establece cuál va a ser la estructura de este órgano desconcentrado.
Suponemos que va a tener inspectores, personas que realicen estos controles,
que son imprescindibles.
Naturalmente, habrá una etapa de transición. ¿Será el
inspector de psicópatas, figura creada por la Ley N° 9.581, o quien ocupe el
cargo de inspector general de psicópatas, creado por la Ley N° 16.170? Eso nos
preguntamos nosotros.
En este proyecto de ley se deroga la Ley N° 9.581 y, por
lo tanto, el cargo de inspector de psicópatas. En derecho administrativo existe
lo que llamamos el derecho de avocación, que consiste en que el jerarca de un
órgano desconcentrado se avoque esas funciones. En este caso, nos preguntamos
si el ministro sabe que va a tener que cumplir con las tareas de contralor y
aplicar eventualmente algunas sanciones. Reiteramos que sin contralor y sin
sanciones no vamos a tener la tranquilidad de que esta norma, que consideramos
tan apropiada, realmente sea aplicada en su totalidad.
Quizás el aporte más grande que podemos hacer es poner
énfasis en la capacitación de las familias, si es que vamos a integrar a los
pacientes a la sociedad y no a depositarlos en instituciones, donde a veces no
se los cuida adecuadamente. No quiero dar ejemplos pero sabemos que hay muchos,
y muy tristes, que han sacudido a nuestra sociedad y han salido públicamente a
la luz.
Si no preparamos a las familias, a esos núcleos de
atención y de relaciones afectivas, no vamos a cumplir del todo con los
objetivos de este proyecto de ley que nos parece totalmente compartible.
Por todo lo expuesto, nuestra bancada va a apoyar en
forma consciente este proyecto de ley que consideramos acertado. Gracias, señor
presidente.
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