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ilustrativa.
Por Mayra Martínez (*)
Lunes 4 de febrero de 2019. – Fraude, palabra que viene
del latín fraus, fraudis (engaño, daño derivado de un engaño en la lengua
jurídica). Los latinos relacionaban este vocablo con el adverbio latino frustra
(en vano, inútilmente) que también género en latin el verbo frustrare y el
sustantivo frustratio, de aquí frustrar y frustración. Julius Pokorny estudioso
de las lenguas celtas, asocia ambas palabras a una raíz indoeuropea, vinculada,
tanto en sus derivados sánscritos como latinos a la idea de arruinar por engaño; esto, justamente
fue lo que hizo Nicolás Maduro el 20 de mayo de 2018 en Venezuela, un fraude electoral. Se preguntarán
ustedes ¿y por qué fraude? Sí hubo elecciones y él ganó... Dijese hace algunos
siglos Ferdinando Galiani, “Los hombres son naturalmente propensos a creer
virtuosos a sus semejantes; esto es precisamente lo que da tanta ventaja a los
impostores y a los estafadores”.
El 6 de diciembre del 2015 los venezolanos salimos a
ejercer nuestro derecho al voto en las elecciones parlamentarias y de manera abrumadora
le dimos la victoria a la Mesa de la Unidad Democrática; se ganaron 112
diputados de los 167 que integran a la asamblea, en un evento que contó con la
participación de 13.747.450 venezolanos. Con el 64,7% de los votos, dejo de ser
el Poder Legislativo “Rojo Rojito” como lo denominaba el presidente anterior y
segundo en el Poder político venezolano Diosdado Cabello.
A pesar de haber reconocido formalmente los resultados
emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el entonces presidente
Nicolás Maduro denunció a los pocos días un supuesto “fraude”, aseguraba tener
pruebas y evidencias de irregularidades que viciaban a la elección de nulidad e
instó al CNE a investigar lo presuntos hechos; investigación que 4 años después
aún sigue en curso y que pese al impulso procesal de los diputados no ha tenido
sentencia; empero le sirvió al primer mandatario, repito, para ese momento,
como argumento para declarar a la Asamblea Nacional electa con una
participación histórica de 74,17% del padrón electoral en desacato; figura de sanción que se aplica a una persona que no
cumpla con un mandato judicial, y que implica una sanción personalísima que
versa sobre una persona natural de manera concreta y no sobre una persona
jurídica o cuerpo colegiado como lo es la Asamblea; para poder aplicar dicha
sanción personal, se debe juzgar la individualidad de los actos que realiza la
persona, lo que jamás implicaría la inhabilitación sui generis de todo el
cuerpo legislativo y el impedimento del cumplimiento de sus funciones
constitucionales; pues bien, poco
importó el criterio Jurídico a Nicolás Maduro, quien persistió en el supuesto desacato e inhabilitó dejando sin
efecto cualquier acto que realizara la
Asamblea Nacional.
¿Y qué tienen que ver estos hechos, con la asunción de Juan
Guaidó a la primera magistratura del país? Se dirán ustedes estimados lectores
en este momento; es este, el preludio del fraude de mayo de 2018. Todo se
inició cuando Maduro arruinó por engaño
al poder legislativo y comenzó a fraguar en contra del pueblo de Venezuela y
sus instituciones el más grande de todos los fraudes que hasta ese momento
había cometido; desconoció por completo la voluntad del pueblo venezolano
expresada en 2015, y en marzo de 2017, con una sentencia del Tribunal Supremo
de Justicia, en la que este órgano se adjudicó las potestades de la Asamblea
Nacional, intentó disolver al parlamento, lo que provocó una ola de protestas
en el país, que duraron más de tres meses y dejaron un saldo de 131 asesinados
a manos de los cuerpos de seguridad.
Ante la resistencia del pueblo a perder el único órgano
democrático y legítimamente electo que
queda en el país, Maduro vía decreto
convocó a unas elecciones para la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente;
aquí el punto neurálgico de este asunto, fue esta espuria ANC, la que despojó
de todas sus potestades a la Asamblea Nacional y se erigió como único poder en
capacidad de legislar en país, y a su
vez la que convocó a elecciones para el año 2018; no conforme con ser un órgano
incompetente para hacer tal llamado, solicitó a su vez, el adelanto de los
comicios para el periodo (2019-2025), mismos que debían celebrarse en el 2018
pero en diciembre, no en mayo.
Tras la solicitud de la ANC, el CNE de mayoría
Oficialista, y el que valga la aclaratoria está presidido por Tibisay Lucena
Ramírez una socióloga abiertamente militante del partido oficialista y quien
ostenta el cargo desde el año 2006, es decir, desde hace 17 años, casi toda la
era chavista. Adelantó los comicios. Además de que el CNE adelantó las
elecciones, las mismas autoridades impusieron a inicios del año 2018 un proceso
de reinscripción de los partidos políticos, donde apelando a artilugios propios
de regímenes no democráticos,
ilegalizaron a los principales partidos de la Mesa de la Unidad
Democrática; dígase Primero Justicia y Voluntad Popular, en consecuencia, no
podían presentarse en la contienda, esto, sin mencionar que los primordiales
líderes de la oposición se encuentran políticamente inhabilitados y los que no
presos.
Esta estructura fraudulenta llevó, a la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD) a no participar y a denunciarlas ante la comunidad
internacional; las denuncias de la oposición hicieron que la comunidad
internacional comenzara a pronunciarse.
El 23 de marzo, la ONU informó que no ofrecerían
asistencia de observación electoral para las elecciones del 20 de mayo y unas
semanas después el OHCHR, Zeid Ra'ad Al Hussein, señaló que el país
sudamericano no reunía "las mínimas condiciones" para celebrar los
comicios.
La UE y muchos de sus aliados también se negaron a enviar
una misión de observación electoral y pidieron postergar las elecciones.
Federica Mogherini, jefa de la diplomacia de la UE, dijo “no hubo ningún
acuerdo sobre el calendario electoral y el proceso actual no garantiza transparencia
ni elecciones creíbles con la participación de todos los partidos políticos de
una forma igualitaria y sin obstáculos".
En esta opacidad, con la comunidad internacional
señalando que no reconocería estas elecciones como auténticas, sin garantías
constitucionales, sin observación internacional independiente e imparcial, sin
candidatos de la coalición opositora, y con Smartmatic, la compañía de máquinas
electorales que participó en la mayoría de las elecciones durante el chavismo,
declarando que no podían garantizar la validez de los resultados electorales
mediante sus máquinas, se “celebraron” (nada más alejado de una celebración)
unas elecciones donde de el único candidato fue Maduro; porque Henri Falcón
quien se presentó en la contienda, fue un candidato escogido por el mismo
Maduro.
El 21 de mayo; los resultados como práctica
consuetudinaria el CNE suele darlos entrada la madrugada del día siguiente, fue
declarado triunfador ¿Adivinen ustedes quién? Nicolás Maduro; de esta forma se
consumó el fraude y se dejó a un
pueblo sometido a un gobierno de facto, sin legitimidad de origen.
El pasado 10 de enero de 2019 el ex mandatario fue
inconstitucionalmente juramentado como presidente de la república por el TSJ;
órgano dicho sea de paso, cuyo jueces fueron designados por el mismo Maduro,
sin cumplir con los requerimiento de ley necesarios para el cargo, he de hacer
un inciso en este punto, tanto no cumplen con los extremos de ley estos
abogados, que por mencionar una de las tantas irregularidades de los nombramiento,
es de señalar que el presidente de lo que otrora fuese un magno órgano del
poder público nacional, es el ciudadano Maikel Moreno, ex convicto acusado de
haber asesinado a una mujer en el Estado de Bolívar (sur de Venezuela) en 1987,
época en la que trabajaba como oficial de la policía política venezolana,
delito por el que purgó dos años de
prisión; en 1989, tras obtener un
beneficio procesal y reincorporarse al cuerpo policial, Moreno fue relacionado
con el homicidio de Rubén Gil Márquez, sucedido durante una balacera en
Caracas. Esta vez aunque no fue hallado culpable, fue retirado de su cargo como
oficial. Y si, fue este ciudadano de reputación por decir lo menos, dudosa, y
militante del chavismo desde 1999 quien juramentara a Maduro para el nuevo
periodo presidencial, un ilegítimo, juramentando a otro ilegítimo, ambos,
ocupando cargos productos de procesos fraudulento.
La ilegitimidad de origen del ex mandatario, el rechazo
de los gobiernos demócratas del mundo, creó un vacío en la presidencia de la
nación; vacío al que la constitución de la República le tiene una respuesta, el artículo 233 de la
que establece que cuando se produzca la falta absoluta del presidente, se
encargará de la presidencia de la
República el presidente de la Asamblea Nacional hasta que se convoquen
nuevas elecciones; de esta manera es como Juan Guiado en su carácter de presidente de la Asamblea Nacional y como se
lo ordena la constitución asumió el pasado 23 de Enero el cargo de presidente
interino de la nación. Guaidó no se arrogó el cargo de presidente ¡NO! Guaidó
cumplió honrosamente con lo que la ley le ordenaba, y lo hizo en total
consonancia con los acuerdos parlamentarios del 15 y 22 de enero en los que se
declaró a Maduro Usurpador del cargo y se facultó a Guaidó a ejercer como
presidente.
El periodo para el cual fue electo Maduro tuvo su término
el 9 de enero a las 00 horas, el 10 de enero debió juramentarse un presidente
constitucionalmente electo, uno, que hubiese sido favorecido por los votos del
pueblo en el marco de elecciones, libres, universales y transparentes; como
este escenario no se dio, el 23 de enero en un diáfano, legal y emotivo acto
Juan Guaidó fue proclamado por los venezolanos como nuestro legítimo y único
presidente. Sin fraudes, sin artilugios, sin la intención de arruinar, y bajo
el amparo de nuestra constitución se convirtió en el presidente número 59 de la
República de Venezuela.
(*) Mayra Martínez es ciudadana venezolana, doctora en
Derecho y magíster en Educación. Reside y trabaja en Uruguay.
