Autoridades nacionales y departamentales se reunieron en
Rivera para analizar la situación. Foto: Intendencia de Rivera.
Sábado 21 de abril de
2018. – En la jornada de ayer se creó en la ciudad de Rivera una Mesa de
Diálogo compuesta por asesores de los ministerios de Economía, Trabajo y
Relación Exteriores, intendentes, diputados y ediles de departamentos de
frontera con Brasil, representantes del PIT-CNT, comerciantes adheridos a
CAMBADU y delegados de la Asociación de Free Shop, para encontrar soluciones a
los perjuicios que provoca para el comercio la instalación de “lojas francas” o
“tiendas francas” del lado brasileño.
La preocupación surge a
raíz de que en marzo de este año Brasil aprobó la reglamentación del
funcionamiento de las “tiendas francas” en ciudades de fronteras. Se trata de
una normativa que crea el régimen aduanero para tales comercios.
La resolución generó
preocupación en los departamentos con frontera con Brasil por el hecho de que
el régimen especial aduanero será un “duro golpe” para los comercios similares
del lado uruguayo.
El encuentro se inició
con palabras del intendente anfitrión, Marne Osorio, quien condujo la mesa de
trabajo. El jefe comunal riverense dio la bienvenida a los presentes e hizo
referencia al impacto que esta apertura de los free shops en ciudades
brasileñas limítrofes con nuestro país podría ocasionar en los trabajadores y
en la economía en las zonas de frontera.
Dijo que en los últimos
tiempos la economía tuvo un proceso de cambio, que significó la apertura de nuevos
desarrollos y emprendimientos, con características diferentes, que permitieron
cambios cuantitativos y cualitativos. También fue uno de los ejes temáticos de
todos los gobiernos que sucedieron en la región de frontera; cómo ganar en
competitividad en nuestro territorio para que se puedan dar los emprendimientos
en materia de desarrollo.
Por su parte, el
intendente de Artigas, Pablo Caram, señaló que en su departamento están muy preocupados
por la situación que hoy se vive en los free shops.
El intendente de Cerro
Largo, Sergio Botana, señaló que se abordará en conjunto una respuesta a las
medidas en este tema. “Los actores políticos de las zonas de frontera
consiguieron actuar de modo coordinado”, enfatizó, “y diversas fueron las
respuestas que obtuvieron del Poder Ejecutivo. Algunos comprendieron la
situación y tomaron acciones, pero en otros casos no obtuvieron la respuesta
debida en tiempo y forma, especialmente cuando se trata de discriminaciones
positivas, para compensar las desigualdades que nos afectan”.
Sergio Botana esperaba
que en este encuentro se llegara a conclusiones claras de las medidas que legítimamente
el Uruguay debe asumir en lo que respecta a medidas espejo, “que no tienen por
qué generar ninguna distorsión en el relacionamiento con los vecinos, ni
tampoco distorsiones en la interna de la economía nacional”, señaló.
Por su parte, el intendente
de Tacuarembó, Eber Da Rosa, manifestó que “aunque Tacuarembó no es un departamento
fronterizo, tiene una directa relación con la frontera. La ciudad de Tacuarembó
está a apenas 100 kilómetros de la frontera Rivera-Livramento. Ello hace que la
temática relacionada con el comercio en esta zona tiene repercusiones directas
sobre nuestra realidad en el departamento”, puntualizó.
Da Rosa recordó que
siendo diputado por Tacuarembó, votó con esperanza el tratado del Mercosur, especialmente
el Artículo 1º del tratado, que establecía el libre tránsito de bienes,
mercaderías, personas en las fronteras de los cuatro países (Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay).
“Esto significaba para
nuestro país acceder en forma estable y segura a nuevos mercados, importantes, voluminosos,
que nos dieran seguridades en la colocación de nuestros productos. Pero hoy esa
ilusión quedó como tantas otras en América Latina en meros sueños. Como la
ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) o el ALALC (Asociación Latinoamericana
de Libre Comercio)”, expresó el intendente de Tacuarembó.
El intendente Da Rosa
dijo que a esta reunión fue para escuchar, colaborar y estrechar las con los
agentes empresariales y trabajadores, ya que “hay que defender el trabajo, el comercio,
la inversión”.
En tanto, el intendente
de Treinta y Tres, Dardo Sánchez, dijo que su departamento es limítrofe con
Brasil, aunque no tiene el régimen de free shop, pero debido a la cercanía con
las fronteras del Chuy, en Rocha, y de Río Branco, en Cerro Largo, será
partícipe de las medidas para combatir las consecuencias que a su entender
pueden ser negativas respecto al comercio y al desempleo. Por este motivo aportará
su granito de arena, sensibilizando sobre el tema.
Por otro lado, el
diputado del Partido Colorado por Rivera, Raúl Sander, suplente del diputado Tabaré
Viera, se refirió en el Parlamento a las consecuencias que podrá traer la
instalación de los free shops del lado brasilero.
“Pondrán en riesgo la
competitividad no solo de las empresas free shop uruguayas, sino de todo el
sistema comercial”, dijo el legislador.
Denunció también que
“han sido los comerciantes de la zona los que han tenido que sufrir y enfrentar
enormes retos para sobrevivir a los vaivenes de un cambio fluctuante”.
Días pasados se realizó
en Rivera una reunión entre distintos actores y autoridades de gobierno
nacional y departamental para analizar la situación, bajo el nombre: “Análisis
y perspectivas de las economías fronterizas ante la aprobación del régimen de Free
Shop”.
Todas las partes
resaltaron la importancia de la creación de dicha Mesa de Diálogo para lograr
soluciones urgentes ante la apertura de las “lojas francas” o “tiendas
francas”.
Extrema gravedad
“La situación generada
por la apertura de estas tiendas francas es un tema de extrema gravedad”,
coincidieron en indicar los participantes del encuentro.
Los temas tratados se
vinculan con los artículos que gozarán de beneficios impositivos y el sistema
arancelario.
De la reunión surgieron
propuestas “contrarias” a adoptar medidas espejo, y sí se apuntó a “tratar el
tema circunscripto a cada región o territorio”.
El gobierno uruguayo
decidió en marzo subir el límite de compras por persona cada 30 días hasta el
equivalente a 300 dólares. Con información de La Red 21 y Diario Norte.
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